El derecho a la información en los procedimientos penales.
Últimamente se ha publicado en medios digitales una noticia que afecta al mundo de la traducción: más de la mitad de lo que se dice en un juicio con intérprete no se traduce bien. Pueden consultarse los artículos publicados por el diario La Vanguardia o la agencia de noticias Europa Press.
Se trata de un informe emitido por MIRAS. Un grupo de investigación del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona dedicado a la investigación y a la formación en mediación e interpretación en el ámbito social. Este informe recoge los resultados obtenidos tras la primera fase del proyecto. El proyecto se denomina “Traducción e Interpretación en los Procedimientos Penales” y su finalización está prevista para diciembre de 2017.
La traducción e interpretación de procedimientos penales en España.
La traducción y la interpretación en Juzgados y Tribunales han estado muy cuestionadas. En muchas ocasiones se dejan en manos de no profesionales, con los problemas que esto puede suponer. Sin ir más lejos, la última ley que en España ha regulado la cuestión establece que podrá ser intérprete o traductor judicial cualquier persona “conocedora del idioma empleado que se estime capacitado para el desempeño de dicha tarea”. Por mucho que se establezca como una excepción y para casos de urgencia, lo cierto es que se convierte en un cajón de sastre. Y, en el peor de los casos, en un coladero de no profesionales.
La labor del traductor e intérprete es fundamental para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, asegurar que la persona que desconoce el idioma no sufre indefensión durante el juicio.
Cuando hablamos de procedimientos penales es inevitable que venga a la mente la imagen del juicio: jueces y abogados con togas, el acusado y la foto del Rey de fondo. Sin embargo un procedimiento judicial es mucho más extenso e incluye momentos anteriores y posteriores. Por lo tanto, no debemos pensar únicamente en la figura del intérprete, olvidando las labores de traducción. Durante todo el procedimiento se generan una serie de documentos que deben ser traducidos. En muchas ocasiones, se trata de documentos oficiales (documentos de identidad, certificado de antecedentes penales, certificado de defunción, etc.) cuya traducción realizará un traductor jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En CBLingua contamos con traductores-intérpretes jurados debidamente habilitados para trabajar en múltiples combinaciones lingüísticas.
Por último, cabe recordar que el derecho a la traducción e interpretación en los procedimientos judiciales es gratuito, haciéndose cargo de las mismas la Administración.
